“En parte tenemos la culpa por no obedecer  a los padres. Ellos buscan hacernos bien a nosotros castigándonos”(adolescente  latinoamericano).

El castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica, son diferentes formas de maltrato infantil. Un atentado directo a uno de los derechos más  básicos de la infancia y adolescencia. La violencia dentro del seno familiar o intrafamiliar, es uno de los males endémicos en El Salvador. Esta problemática social, de grandes dimensiones, está tan extendida  y normalizada que goza de cierta impunidad. Hasta un 80% de los adultos concibe estas prácticas como “naturales” en el proceso de crianza de los hijos e hijas. No sólo es alarmante, es inadmisible.

Para entender el contexto social actual tendríamos que analizar las causas que han llevado a esta situación, pero para ello es necesario un análisis en profundidad de la historia del país en todas sus perspectivas, antropológicas, sociales, económicas y políticas. Labor muy compleja donde intervienen un sinfín de factores.

Uno de los factores clave es la intensa y arraigada tradición androcéntrica de la sociedad latinoamericana, siendo el papel del hombre el modelo a seguir, quien ejerce el poder y la autoridad. Es en la reafirmación de su identidad cuando se produce la relación de dominio, de desigualdad.  En este contexto, el uso de la violencia pues, queda justificado ante estas creencias; la sumisión de la mujer hacia el marido que garantiza la paz conyugal, y respecto a los hijos, como mecanismo para corregir o enderezar sus conductas.

Las consecuencias pueden ser nefastas, pueden producir  lesiones tanto físicas como psíquicas, y  pueden dejar profundas secuelas emocionales producto de las situaciones traumáticas vividas, además de favorecer una predisposición a la morbilidad, invalidez y mortalidad. Esta situación es un círculo que se perpetúa; seguramente los agresores, que pueden ser el padre, la madre u otro adulto en el hogar, fueron a su vez víctimas de sus progenitores, y así  va proliferando el maltrato familiar, de generación en generación.

El trabajo que hacemos desde Intervida está enfocado a acciones de incidencia política y a establecer  una coordinación directa con instituciones que ya están trabajando para paliar esta alarmante situación. Nuestra oenegé acompaña y brinda apoyo, de manera colectiva con otras ONG, en el trabajo que los organismos del Estado deben desarrollar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de la niñez.

Acciones dirigidas a la incidencia en políticas públicas, implicando a funcionarios públicos. Sensibilización comunitaria involucrando a centros escolares, escuelas de padres, asociaciones comunitarias como las ADESCOS que son representantes comunitarios que trabajan y gestionan el desarrollo de la propia comunidad, a través de charlas de formación, y elaborando materiales para adultos y niños.

Todo un trabajo en red para abordar de forma más eficiente la problemática que sufre el país. Se cuenta con instituciones como El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA, la Red para la infancia y Adolescencia (RIA), el  Ministerio de Educación, o la Policía Nacional Civil y Gobiernos Municipales.

Desde el año 1990 cuando el Gobierno salvadoreño ratificó la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) se aprobaron un gran número de leyes  para luchar desde un marco legal contra la lacra del maltrato infantil. Además se acaba de aprobar una nueva ley,  la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2011.

Así pues no sólo vale tener consciencia de la magnitud de esta problemática social en El Salvador, sino que hay que actuar de forma coordinada y organizada para ir fomentando valores de educación positiva, de fortalecer vínculos afectivos familiares, formación de padres y cuidadores en la mejora del conocimiento de las etapas del desarrollo de los niños/as, en la resolución de conflictos de forma pacífica, en definitiva intentar conseguir una conciencia colectiva de protección a la infancia, porque es su futuro.