Nos unimos a ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), que brinda asistencia y protección a personas  refugiadas en todo el mundo, por la urgente necesidad de protección y educación de calidad para la infancia colombiana y sus familias, refugiados en la frontera de Ecuador.

El motivo de esta migración es el conflicto armado colombiano que comenzó hace más de 4 décadas y está considerado como la peor crisis humanitaria de América. Tanto es así que ha provocado el desplazamiento de más de 3,5 millones de personas dentro del país y más de 500.000 fuera de sus fronteras.

El proyecto que vamos a llevar a cabo junto con ACNUR pretende dar apoyo al sistema educativo ecuatoriano, con especial atención a los menores refugiados. Una intervención que, también con la participación de  instituciones locales, quiere facilitar el acceso a la educación y, a su vez, contribuir a que estas personas se integren en condiciones dignas, además de aportar soluciones duraderas a la población infantil colombiana refugiada.

Concretamente, los territorios donde se lleva a cabo la iniciativa son las provincias ecuatorianas de Pinchincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Imbabura y Santo Domingo. Estos territorios, limítrofes con Colombia, acogen cerca de 150.000 refugiados y solicitantes de asilo en situaciones de máxima vulnerabilidad, que viven en condiciones de pobreza y desempleo.

Para la implementación de este proyecto son necesarias una serie de actuaciones tales como la construcción y rehabilitación de infraestructuras educativas, la dotación de equipamientos y materiales educativos a las escuelas o la construcción de dos centros de desarrollo infantil. También se impartirá formación a los docentes de los colegios donde haya un número elevado de refugiados, sobre temas de derechos humanos, integración y cultura de paz e identidad.

En la actualidad, el principal problema son  los escasos servicios comunitarios en las áreas de acogida, que están desbordados y necesitan apoyo urgente. Además, los menores colombianos tienen dificultades para ser admitidos en las escuelas porque carecen de la documentación que los centros les requieren, algo prácticamente imposible de lograr para la mayoría de familias y que la ley ecuatoriana no exige, pues reconoce a los refugiados y solicitantes de asilo  el derecho a la educación gratuita sin discriminación de ningún tipo.

Gracias a esta iniciativa, que favorece tanto a los niños y niñas colombianos como a los de las comunidades ecuatorianas, un total de 100.000 menores de entre 0 a 12 años recibirán educación en los centros educativos construidos y/o rehabilitados.