Durante tres semanas los expertos independientes (o tal vez no tanto) de derechos culturales, educación, salud y pobreza de la ONU han presentado sus informes al Consejo de Derechos Humanos. Un denominador común ha sido la insistencia en dar el enfoque de derechos humanos a todas las políticas. Algo que la sociedad civil tiene asumido desde hace ya algún lustro, lo que no siempre significa que logre materializarlo.

Las conclusiones a las que han llegado los relatores en los diferentes ámbitos van en una misma dirección: más implicación de los Estados. Así, por ejemplo, la  Experta Independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, condenaba los recortes sociales como medida para atajar la crisis e instaba a los Estados a utilizar la coyuntura para pensar nuevas formas de erradicar la pobreza y la exclusión social. “La preservación y salvaguardia del patrimonio cultural debe tener como objetivo garantizar el desarrollo humano, la construcción de sociedades pacíficas y democráticas y la promoción de la diversidad cultural", apuntaba Farida Shaheed, relatora de derechos culturales. Por su parte, el Relator Especial sobre el derecho a la educación, Kishore Singh,  recordaba que la promoción de la igualdad de oportunidades en la educación, tanto en la legislación como en la práctica, es un reto continuo para todos los Estados. Y el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, examinó las formas en que los derechos humanos y el derecho a la salud, en particular, pueden agregar valor a las políticas y programas de desarrollo.

A la presentación de cada informe siguió un diálogo entre los relatores y los estados. En realidad, nada nuevo bajo el sol. Y ninguna fórmula mágica. Y, lo peor, ningún atisbo de que los estados vayan a dar pasos significativos para que las letras de dichos derechos abandonen los gruesos tomos de compendios de tratados internacionales y salten a la calle para convertirse en realidades. Todos se defienden como gato panza arriba aduciendo que su país ha legislado en tal aspecto o que ha realizado espectaculares progresos en aquel otro.

No queremos despreciar en modo alguno el papel fundamental de las sesiones del consejo ni el valor de los informes presentados. Pero lo cierto es que la comunidad internacional no parece haberse encauzado por el camino de los derechos humanos y que el desencuentro entre quienes toman decisiones políticas y el clamor popular es cada vez mayor. A la vista está que crece en el mundo el número de indignados con un sistema que parece hacer oídos sordos a las necesidades de gran parte de la sociedad.

Las preocupaciones de los relatores suelen acercarse bastante a las de la sociedad civil, aunque sólo sea porque se preocupan en consultarla y en dialogar con ella, especialmente durante sus misiones en distintos países. El Consejo se ocupa asimismo de identificar vulneraciones de derechos humanos en todos los ámbitos.

Por ello, deseamos que siga adoptando resoluciones tan importantes como la de julio de 2010 en la que  se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos(A/RES/64/292 de 28 de julio de 2010), proporcionando el fundamento jurídico sobre el que se asienta el derecho al agua y el saneamiento.

Con todos los fallos que podamos encontrar en el Consejo, hoy por hoy es el órgano que aporta la visión de derechos humanos que tan ausente está últimamente en otros foros de discusión. ¿Cuándo empezarán a incidir de manera real los debates del Consejo en las políticas?

Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré