Los niños y niñas de todo el mundo podrán elevar denuncias por la violación de sus derechos ante un comité internacional experto. Algo que no se podía hacer hasta ahora pero que ya es posible gracias a la creación de un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que fue aprobado por Naciones Unidas el pasado 19 de diciembre.

La importancia de este protocolo reside en que los niños verán escuchada su voz ante un comité internacional de expertos en Derechos de la Infancia, en un procedimiento adaptado para ellos, que velará siempre por el interés superior del niño y tendrá en cuenta los derechos y las opiniones de los niños y niñas víctimas. Además, la identidad del individuo denunciante siempre quedará protegida y sólo se hará pública bajo su consentimiento.

La entrada en vigor de este protocolo era una petición largamente perseguida por las ONG en defensa de la infancia desde 2006, ya que el Comité de los Derechos del Niño era el único órgano de la ONU que no contaba con la capacidad de examinar casos individuales de vulneración de derechos. Con la introducción de este protocolo, los niños y niñas de todo el mundo ven reconocido el derecho a denunciar violaciones a sus derechos como, por ejemplo, la falta de acceso a la educación primaria o la explotación sexual forzada.

Los principales impulsores  de este avance en la protección de los derechos del niño que se recogen en la Convención han sido un grupo de 80 ONG de todo el mundo, entre las cuales se encuentra Intervida. En este periodo se han llevando a cabo distintas campañas internacionales para promover la adopción de este protocolo. "Ya era hora de poner los derechos de los niños en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos”, ha señalado Peter Newell, copresidente de la coalición de ONG, añadiendo que "los derechos del niño ya no son “miniderechos”. El objetivo de esta coalición es que este sistema supranacional de denuncias ayude a detectar fallos en los sistemas nacionales de protección de los derechos de los niños y así poder implementar soluciones.

Un procedimiento de denuncias que permite a cualquier individuo, grupo o a sus representantes alegar que sus derechos han sido violados por un Estado y presentar una comunicación ante el Comité de la ONU. Para ello, el Estado tiene que haber aceptado el procedimiento y los demandantes tienen que haber agotado los recursos de la legislación nacional. Los esfuerzos de este grupo de ONG ahora tendrán como objetivo conseguir que ratifiquen este protocolo el mayor número de Estados, ya que son necesarias al menos 10 firmas de países para que pueda empezar a ponerse en práctica.

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras